Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente al acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de cien solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas con sustento en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, núm. 182/2021, de 26 de octubre. .La Sala parte de que la expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos del TRLHL por la STC 182/2021 no conduce necesariamente a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. La Sala considera que no se ha vulnerado el principio de capacidad económica y que no existe el automatismo pretendido por la recurrente, al existir sentencia firme que produjo efecto de cosa juzgada material respecto a la inexistencia de un decremento patrimonial, por lo que no se puede afirmar que, de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada en la STC 182/2021, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestimó el recurso contencioso planteado frente a la resolución autonómica que acuerda cancelar la inscripción de la vivienda de uso turístico, por cese de uso como apartamento turístico de la vivienda por no contar con licencias o autorizaciones urbanísticas necesarias. La parte tuvo oportunidad de acreditar la impugnación de aquélla en vía administrativa, y no lo hizo, por lo que la omisión del trámite de audiencia, tal y como indica la sentencia de instancia, no ocasionó indefensión. El principio de lealtad institucional y respeto al ejercicio de las competencias propias, ordena que la Sección Territorial de Turismo, que detenta la gestión del Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana, respete la eficacia del acto dictado por el Ayuntamiento de Valencia, que ordena el cese de la actividad de alquiler turístico, máxime, cuando no se aporta ni un principio de prueba acerca de la formulación de recurso contra el mismo, ni de solicitud de suspensión cautelar.
Resumen: De conformidad con lo acordado en la STC 182/2021, las liquidaciones provisionales o definitivas del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquella; ni tampoco podrá instarse, con ese fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT- de las autoliquidaciones de dicho impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la mercantil recurrente contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de León que inadmitió su demanda frente a una resolución sancionadora de la Junta de Castilla y León. La resolución impuso una sanción de 1.400,70 € tras acogerse la empresa a la reducción del 30% prevista en el art. 146.3 de la LOTT, al pagar anticipadamente. El TSJ confirma la sentencia considerando que la resolución administrativa no agotaba la vía administrativa, ya que cabía recurso de alzada, expresamente indicado en el pie de recurso. Por tanto, el recurso contencioso-administrativo fue correctamente inadmitido conforme al art. 69.c) LJCA. La Sala rechaza que sea aplicable el art. 85.3 de la LPACAP, al tratarse de una sanción superior a 2.000 € inicialmente, y considera que la normativa sectorial (LOTT) prevalece sobre la general. Se impone a la apelante el pago de las costas de esta segunda instancia.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto frente a sentencia desestimatoria del TSJ y fija como doctrina jurisprudencial que, unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los Tribunales de Justicia. Cuando resulta que, en principio, la resolución que un órgano judicial va a dictar puede ser contradictoria con la ya dictada por el mismo órgano judicial o por otro órgano judicial distinto, el que pronuncia la segunda sentencia debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio, o por qué valora la prueba de una forma diferente.
Resumen: 1.-De conformidad con lo acordado en la STC 182/2021, las liquidaciones provisionales o definitivas del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquella; ni tampoco podrá instarse, con ese fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT- de las autoliquidaciones de dicho impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.
2.- Sin embargo, sí será posible impugnar, dentro de los plazos establecidos para los recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones, ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido, cuando la petición, reclamación o recurso se base en motivos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros supuestos, cuando se efectúen con amparo en las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad del impuesto local que nos ocupa -IIVTNU- por someter a gravamen situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras, STC 59/2017); o cuando la cuota tributaria posea alcance confiscatorio ( STS 126/2019); así como por cualquier otro motivo de impugnación distinto al conducente a la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, del Principado de Asturias, de fecha 17/09/2024, por la que se acuerda denegar la solicitud de expropiación total de finca en el Procedimiento expropiatorio en relación con las obras de "SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA ESPINA (SALAS)". Señala la Sala que cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días. Dicha resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo anterior, y no se dará el recurso contencioso-administrativo, estándose a lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis. Y añade que no se puede obligar a la Administración a la expropiación total de la finca cuando no exista utilidad pública que lo legitime, siendo la única consecuencia de tal denegación remitir las actuaciones al Jurado para que fije la indemnización correspondiente al demérito. Pero la impugnación de la denegación por la Administración de la expropiación total, cuando se alega que concurren los presupuestos del artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa, no permite al Tribunal contencioso-administrativo más que pronunciarse sobre la pertinencia o no del derecho indemnizatorio de acuerdo con lo acreditado respecto a los deméritos o perjuicios que pudieran ocasionarse en la finca por la expropiación parcial, siempre que hagan antieconómica su conservación o utilización al destino que venía utilizada".
Resumen: El Juzgado indica que la acción está prescrita al haber transcurrido un año desde la estabilización de las secuelas. La parte apela e indica que fue al psicólogo para tratarse de secuelas psíquicas, por lo que no estaban estabilizadas las mismas y no debió haberse prescrito la acción. La Sala indica que no ha habido daño previo, que el informe del psicólogo no es una pericial y que si bien la Sala no niega que la asistencia psicológica pudiera ser conveniente y que haya ayudado a la apelante a sobrellevar sus miedos y angustias, lo cierto es que no supone el tratamiento de una lesión psíquica. La apelante no ha vivido una situación «amenazante o catastrófica en el que se hayan producido lesiones graves o mortales en la cual se haya visto directamente involucrada». No existe «diagnóstico, tratamiento y seguimiento por especialista en psiquiatría o psicología clínica de forma continuada», ni se indica haber sido, para su diagnóstico, «los criterios del DSM-V o la CIE10 y sus correspondientes actualizaciones». Confirma la Sentencia de instancia.
Resumen: En la Sentencia 841/2018, de 23 de mayo, recaída en el recurso 666/2017 (5) , abundando en el anterior criterio y, reiterada en otras posteriores, para estos supuestos de retroacción de actuaciones y estableciendo criterios interpretativos sobre los artículos 104.1 de la LGT (21) y 66.4 de su Reglamento General en desarrollo en materia de revisión en vía administrativa declaró que "el artículo 104 LGT (22) debe ser interpretado en el sentido de que, en una situación como la del presente litigio, la Administración Tributaria debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la indefensión del interesado, que determinó la anulación del acto administrativo que puso fin al procedimiento (en un caso como el litigioso el tiempo gastado desde la valoración inmotivada). Dicho plazo empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunica la resolución anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para llevarla a puro y debido efecto; y el computo de aquel plazo de seis meses deba contarse, desde el momento en que tuvo entrada en la Oficina Gestora aquella resolución del TEAR estimatoria parcial de 5 de junio de 2020, lo cual consta que lo fue el día 25 de mayo de 2021 y siendo que el acuerdo de terminación con liquidación le fue notificado en fecha 8 de noviembre de 2021, aquel plazo de seis meses no había transcurrido.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación frente a sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana y reitera que, en los supuestos en los que se anuló un primer acuerdo sancionador como consecuencia exclusiva de la anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que traía causa la sanción, la dimensión procedimental del principio non bis in idem se opone al inicio de un nuevo procedimiento sancionador y a una nueva sanción con relación al mismo obligado tributario y por los mismos hechos.
